Sánchez les dice a los españoles que con el recorte energético tendrán «edificios más confortables»

La polémica por el decretazo ha revelado la improvisación del Gobierno para hacer frente a la crisis energética. La limitación de la temperatura de la calefacción y el aire acondicionado o la obligación de apagar los escaparates convierten a España en el país con las medidas más severas hasta el momento. Todo ello se acompaña además de un régimen sancionador con multas de hasta 100 millones, en los casos muy graves. En su decreto, el Gobierno no sólo manifiesta que España no tiene problemas de abastecimiento, como publicó OKDIARIO. También trata de justificar estos ajustes asegurando que las medidas de eficiencia permitirán contar con «edificios más confortables» y «con un consumo energético menor». Incluso, según el Gobierno, estos recortes son la forma «más rápida y económica» de «reducir las facturas». Y todo ello, mientras Pedro Sánchez se niega a aplicar una bajada de impuestos, como la rebaja del IVA del gas al 5% que ha reclamado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El decreto -que la Comunidad de Madrid recurrirá ante el Tribunal Constitucional- choca con las medidas anticovid que exigen mantener una buena ventilación en los establecimientos y también con la Ley de Libertad de Horarios Comerciales que, en Madrid, permite que los comercios abran las 24 horas del día. «¿Se puede cumplir esa norma con escaparates apagados?», se han preguntado desde el Gobierno autonómico.

Al contrario de otros países, que han dirigido sus medidas a los edificios públicos, el Gobierno español las carga directamente en el comercio. Un sector ya muy castigado por la crisis económica. Sánchez esgrime en su decreto que «la necesidad de empezar abordando las medidas inmediatas de menor coste y complejidad requiere un refuerzo puntual de las obligaciones» previstas hasta ahora, en materia de temperatura e iluminación.

Críticas

El decreto ha provocado las críticas de empresarios, comerciantes y también de las regiones gobernadas por el Partido Popular. Las primeras medidas han comenzado a aplicarse esta semana, aunque con muchas incertidumbres sobre la vigilancia de los incumplimientos. Agentes de Policía ya han manifestado que las inspecciones son una «pérdida de tiempo en un trabajo administrativo» cuando las plantillas ya son muy deficientes para atender el día a día.

A nivel político, el PP ya ha manifestado su rechazo al decreto -al que califica de «cartilla de racionamiento»- y ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica a retirarlo. La ministra Teresa Ribera incluso ha amenazado con «plantear un conflicto ante el Tribunal Constitucional» si alguna comunidad no «ejerce sus competencias». Génova deja en manos de las autonomías la posibilidad de recurrirlo, como hará Díaz Ayuso.